Agravios propuestos ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral del Distrito Federal en el recurso de revisión.

Agravios formulados en el recurso de apelación

TERCERO.- La resolución que hoy se impugna, ocasiona una serie de agravios de imposible reparación, mismos que constituyen violaciones formales y de fondo cometida en perjuicio de la C. EDITH FERIA CAZARES, en especial el considerando tercero de dicha resolución dentro del apartado correspondiente a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES; lo anterior en virtud del hecho de que el 13 Consejo Distrital del Instituto Federal electoral en el distrito Federal, sin la motivación debida determinó imponerme como sanción,  una multa por la cantidad de $16,440.00 (DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), sin que para tal efecto, se hubiera hecho un exhaustivo análisis de las circunstancias que rodearon la infracción a la norma electoral mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 355, Párrafo Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el del artículo 61del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, precepto que dada su importancia, se transcribe a como sí a la letra fuera:

“Artículo 355.-

[…]

5.Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien …

Artículo 61

Individualización de las sanciones

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. Para ello, precisará la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el valor protegido y el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión, y el peligro o riesgo causado por la infracción y la dimensión del daño.

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Para ello el Instituto valorará si la falta fue sistemática y si constituyó una unidad o multiplicidad de irregularidades;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

g) El grado de intencionalidad o negligencia.

h) Otras agravantes o atenuantes.

i) Los precedentes resueltos por el Instituto con motivo de infracciones análogas.

[…]

A efecto de clarificar las violaciones de forma y de fondo cometidas por la Autoridad Responsable, se procederá al análisis de algunas de las circunstancias que rodearon la colocación de la propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos para tal efecto:

a). Respecto de la Gravedad de la Responsabilidad de la suscrita en el sentido de que la Autoridad Electoral consideró que las conductas desplegadas tienen la calificativa de MEDIANAMENTE GRAVE, dicha autoridad solo limita a expresar que por el hecho de colocar propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos como los elementos del equipamiento urbano, la hoy recurrente obtuvo una ventaja sobre los demás candidatos al hacer uso de dicho equipamiento, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Autoridad Electoral resulta SER OMISA al exponer en su argumento, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas por la cuales, en el caso en estudio, se actualiza esa supuesta ventaja indebida sobre los demás candidatos…

…personas en tránsito, a pesar de obrar en los autos una serie de fotografías y videograbaciones tomadas a dicha propaganda electoral durante la celebración del Recorrido efectuado el día 30 de Mayo del 2009, además, no valora si efectivamente los elementos del equipamiento urbano en los que se colocó la misma, sufrieron algún tipo daño o menoscabo, y más aún, no se valoró completamente como una circunstancia atenuante a favor de la suscrita, que las mantas en cuestión fueron retiradas inmediatamente después de haber tenido conocimiento del Procedimiento Especial Sancionador; circunstancias que tuvo que ser valorada al momento de calificar como MEDIANAMENTE GRAVE la infracción en estudio, así como para determinar la sanción a que podría hacerse acreedora la Candidata hoy denunciada, motivo por el cual esta autoridad revisora, deberá de REVOCAR la Resolución hoy impugnada.

c).-  Ahora bien, en cuanto al apartado relativo a las Condiciones Económicas del infractor, manifesto (sic) que la Autoridad Electoral al emitir la resolución que hoy se combate, no valoró adecuadamente la información proporcionada por la suscrita, respecto de los ingresos que percibía antes de haber aceptado la Candidatura a Diputada Federal por Nueva Alianza en el Distrito Electoral 12 de esta Ciudad, pues como se aprecia del contenido del Acta de Audiencia y Alegatos, la hoy recurrente desde el momento en que inició la campaña electoral NO CUENTO CON INGRESOS PROPIOS además si bien la Autoridad Electoral hizo mención de que a su criterio, la situación socio-económica de la suscrita, la cual se encuentra dentro de la clase Media Baja, dicha circunstancia no impactó al final sobre el monto de la sanción impuesta a la suscrita, pues se me impuso una multa equivalente a  TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA CIUDAD,  la cual al día de hoy se encuentra fuera de mis posibilidades reales para cubrir dicha cantidad de dinero,  ya que no cuento con ingresos propios, por lo que, esta Autoridad Revisora, deberá de estudiar este punto, y en caso de estimarlo procedente, se REVOCAR el monto señalado en el Resolutivo señale hoy impugnada, y fija una sanción económica menor, o bien, imponer una Amonestación Pública.

d). Por otra parte, la Autoridad Responsable, al momento de INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, si bien en un principio reconoce que operan a favor de la suscrita diversas CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, como el hecho de haber ordenado el inmediato retiro de la propaganda electoral de los puentes peatonales donde estaban colocados, una vez que fui emplazada al Procedimiento Especial Sancionador, restaurando con ello la equidad que debe existir dentro del proceso electoral federal; la autoridad hoy recurrida considera que a pesar de ello, no es factible en este caso imponer a la infractora, una amonestación pública como sanción por la comisión de las conductas antes descritas ya que en la especie, no se advertía alguna circunstancia que diera lugar a la imposición de dicha sanción, y que en su lugar resultaba procedente imponer a la suscrita como sanción una MULTA igual a   TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL. 

De la argumentación vertida por la Autoridad Responsable para imponer la multa en cuestión como sanción a la suscrita, resulta evidente la FALTA DE MOTIVACIÓN que existe en su determinación, pues además del hecho de que NUNCA señala que tipo de circunstancias deben actualizarse para…

…candidatos derivado de la indebida colocación de propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos para tal efecto, mismas que tuvieron que ser valoradas en mayor medida tanto por el 13 Consejo Distrital, antes de aprobar la resolución que hoy se combate, ya que en el caso de la suscrita,  existen diversas circunstancias que benefician a la presunta infractora que hacen procedente que se me impusiera la Amonestación Pública como sanción, y no la excesiva multa que impone, ya que en la misma en lugar de buscar restituir los posibles daños y perjuicios originados por la comisión de una infracción a las leyes en materia electoral, la autoridad responsable sanciona de forma exagerada como una forma de advertir y disuadir a los demás candidatos, a no cometer dicha conducta, circunstancia que de ninguna forma puede ser considerada como la motivación debida para imponer una sanción a candidatos y partidos políticos, ya que es obligación de toda autoridad, incluidas las de materia electoral, de funda (sic) y motivar debidamente la imposición de sanciones, ya que dichas autoridades deben de respetar la garantía de legalidad a favor de los gobernados, tanto para determinar su responsabilidad, como al momento de individualizar la sanción a que se hace acreedor el presunto infractor. En razón de lo anterior, existen suficientes motivos por el cuales (sic) esta autoridad revisora deberá de REVOCAR la Resolución hoy impugnada, ya que la misma es contraria a derecho por carecer de la motivación legal suficiente que sustenta el sentido de su determinación.

PRIMERO.- La resolución que hoy se impugna, ocasiona una serie de agravios de imposible reparación, mismos que constituyen violación de fondo cometida en perjuicio de la hoy recurrente en especial el Considerando Tercero, Apartado 3, en donde la Autoridad Electoral desestima de forma justificada el tercer agravio hecho valer en el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución JDE/UEFC/JD13/DF/001/2009 dictada por el 13 Consejo Distrital, ya que dicha autoridad al momento de entrar al estudio de la procedencia del agravio formulado, únicamente hace una exacta transcripción de las fojas 11 a 12  de dicha resolución, sin embargo, dentro del Considerando en estudio, la Autoridad Revisora en ningún momento se pronunció sobre si se apega a derecho o no el contenido de todas y cada una de las valoraciones formuladas dentro del apartado de INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES; lo cual se traduce en la OMISIÓN por parte de dicha autoridad de exponer las circunstancias especiales o razones particulares que la llevaron a determinar que el monto de la sanción económica impuesta a la suscrita, por lo que, en la especie, se advierte a todas luces que tanto la Resolución JDE/UEFC/JD13/DF/001/2009, como la que hoy se combate, CARECE DE LA MOTIVACIÓN DEBIDA para imponerme como sanción, una multa por la cantidad de 16,440.00 (DIECISEÍS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), sin que para tal efecto, se hubiera hecho un exhaustivo análisis de las circunstancias que rodearon la infracción a la norma electoral, mismas que se encuentran enunciadas en el del Artículo 355, párrafo quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Artículo 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, preceptos que dada su importancia se transcriben como si a la letra fuera:

Artículo 355.-

[…]

5.Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Artículo 61

Individualización de las sanciones

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. Para ello, precisará la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el valor protegido y el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión, y el peligro o riesgo causado por la infracción y la dimensión del daño.

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Para ello el Instituto valorará si la falta fue sistemática y si constituyó una unidad o multiplicidad de irregularidades;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

g) El grado de intencionalidad o negligencia.

h) Otras agravantes o atenuantes.

i) Los precedentes resueltos por el Instituto con motivo de infracciones análogas.

[…]

A efecto de clarificar las violaciones de fondo cometidas por la Autoridad Electoral, se procederá al análisis de algunas de las circunstancias que rodearon la colocación de la propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos para tal efecto:

a). Respecto de la Gravedad de la Responsable de las suscrita en el sentido de que la Autoridad Revisora consideró que las conductas desplegadas tienen la calificativa de MEDIANAMENTE GRAVE, dicha autoridad solo limita a expresar que por el hecho de colocar propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos como los elementos del equipamiento urbano, la hoy recurrente obtuvo una ventaja sobre los demás candidatos al hacer uso de dicho equipamiento, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Autoridad Electoral resulta SER OMISA al exponer en su argumento las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas por las cuales, en el caso en estudio, se actualiza esa supuesta ventaja indebida sobre los demás candidatos contendientes por la Diputación Federal en el Distrito 13 e (sic) esta Ciudad, razón por la cual dicha calificativa realizada por parte del 13 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, deberá de ser REVOCADA al momento de resolver el presente Recurso de Revisión, pues como lo he manifestado antes, la autoridad sancionadora nunca fundo ni motivo en derecho su determinación, ni mucho menos hizo un exhaustivo estudio de las circunstancias en las cuales fue detectada la propaganda electoral por la que se me sanciona.

b). Así mismo, del contenido de la resolución que hoy se combate,  la Autoridad Revisora no entró al estudio de las características propias de la propaganda electoral colocada por nuestro instituto político y mucho menos, si la misma constituye un riesgo a la ciudadanía u obstruye la visibilidad de las personas en tránsito, además, no valora si efectivamente los elementos del equipamiento urbano en los que se colocó la misma, sufrieron algún tipo de daño o menoscabo y más aún, no se valoró completamente como una circunstancia atenuante a favor de la suscrita, que la publicidad en cuestión fueron retiradas inmediatamente después de haber tenido conocimiento del Procedimiento Especial Sancionador; circunstancias que tuvo que ser valorada al momento de calificar como MEDIANAMENTE GRAVE la infracción en estudio, así como para determinar la sanción a que podría hacerse acreedora la Candidata hoy denunciada.

c), Ahora bien, en cuanto al apartado relativo a las Condiciones Económicas del Infractor, manifiesto a esta Autoridad Judicial Electoral, que la que al momento de aprobarse la Resolución que hoy se combate, no se valoró adecuadamente la información  proporcionada por la suscrita, pues como se aprecia del contenido del Acta de Audiencia y Alegatos, la hoy recurrente al ser requerida para manifestar el monto de mis ingresos o a que exhibiera documental idónea que acreditara mi capacidad económica real manifesté que al día de hoy no percibo ingreso alguno por encontrarme con licencia  sin  goce de sueldo de mi fuente de trabajo, circunstancia que no se valoró lo suficiente por la autoridad electoral al momento de determinar la sanción que pudiese llegarse a imponerme, ya que a pesar de considerar que las condiciones socioeconómicas de la suscrita se encuentra dentro del nivel medio bajo, dicha circunstancia no impactó al final sobre el monto de la sanción impuesta a la suscrita, pues se me impuso una multa equivalente a  TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA CIUDAD,  la cual al día de hoy se encuentra fuera de mis posibilidades reales para cubrir dicha cantidad de dinero, por lo que, esta Autoridad Judicial Electoral, deberá de estudiar este punto, y en caso de estimarlo procedente se MODIFICAR (sic) el monto señalado en el Resolutivo señale (sic) hoy impugnada, y fija una sanción económica menor, o bien, imponer una Amonestación Pública.

d). Por otra parte, la Autoridad Revisora, al momento de INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, si bien en un principio reconoce que operan a favor de la suscrita diversas CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES,            dicha autoridad también considera que a pesar de ello, no es factible en este caso imponer a la infractora, una Amonestación Pública como sanción por la comisión de las conductas antes descritas ya que en la especie, no se advertía alguna circunstancia que diera lugar a la imposición de dicha sanción, y que en su lugar resultaba procedente imponer a la suscrita como sanción una MULTA igual a TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, por lo que, de la argumentación vertida por la Autoridad Electoral para imponer la multa en cuestión como sanción a la suscrita, resulta evidente la FALTA DE MOTIVACIÓN que existe en su determinación, pues además del hecho de que NUNCA señala que tipo de circunstancias deben actualizarse para que fuera procedente el imponer una Amonestación Pública como un de las sanciones contempladas en el Artículo 354 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, el 15 Consejo distrital cae en una evidente CONTRADICCION ya que en principio reconoce que existen circunstancias que atenúan la sanción a que puede hacerse acreedora la suscrita, como lo es el hecho de que las infracciones sancionadas son resultado de una OMISIÓN y no de un acto doloso, así como el hecho de que no he sido sancionada con anterioridad por la comisión de alguna infracción en materia electoral, siendo estas una serie de circunstancias que reducen al mínimo los posibles efectos negativos hacia los demás partido políticos contendientes y sus candidatos derivado de la indebida colocación de propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos para tal efecto, mismas que tuvieron que ser valoradas en mayor medida tanto por el 15 Consejo Distrital, como por el Consejo Local, en el distrito Federal del Instituto Federal Electoral antes de aprobar y confirmar la Resolución JDE/QEFC/JD13/DF/001/2009, ya que en el caso de la suscrita, existen diversas circunstancias que benefician a la presunta infractora que hacen procedente que se me impusiera la Amonestación Pública como sanción, y no la excesiva multa que impone, ya que en la misma en lugar de buscar restituir los posibles daños y perjuicios originados por la comisión de una infracción a las leyes en materia electoral, la Autoridad Revisora sanciona de forma exagerada como una forma de advertir y disuadir a los demás candidatos, a no cometer dicha conducta, circunstancia que de ninguna forma puede ser considerada como la motivación debida para imponer una sanción a candidatos y partidos políticos, ya que es obligación de toda autoridad, incluidas las de materia electoral, de funda (sic) y motivar debidamente la imposición de sanciones, ya que dichas autoridades deben de respetar la garantía de legalidad a favor de los gobernados, tanto para determinar su responsabilidad, como al momento de individualizar la sanción a que se hace acreedor el presunto infractor. En razón de lo anterior, existen suficientes motivos por el cuales (sic) esta autoridad revisora deberá de MODIFICAR la Resolución hoy impugnada, ya que la misma es contraria a derecho por carecer de la motivación legal suficiente que sustenta el sentido de su determinación.  

CUARTO.- Por último, me causa agravio de imposible reparación la Resolución que hoy se combate, especialmente su Considerando Tercero en Relación con el Punto Resolutivo Tercero, en la cual la Autoridad Responsable impone a la suscrita una multa consistente en TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, equivalente a cantidad $16,440.00 (DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) como sanción a las infracciones cometidas en perjuicio de la normatividad electoral, en virtud de que dicha determinación contraviene la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, toda vez que la determinación que hoy se combate no se encuentra debidamente  fundamentada ni motivada en cuento al MONTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA, toda vez que la misma constituye además una violación a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto que al momento de realizar la individualización de la sanción administrativa que pretende imponerme la Autoridad Responsable, se actualiza el supuesto de la MULTA EXCESIVA entendida esta como aquella sanción de carácter económica impuesta a un infractos (sic.) pero que es desproporcionada con las posibilidades económicas del infractor, en relación con la gravedad de la infracción cometida, tal y como lo sustenta la siguiente Tesis emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra dice:

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.

De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b)…

… cometida, b) El monto del negocio y c) La capacidad económica del infractor; sin embargo, la Autoridad Responsable a pesar de contar los elementos necesarios para determinar la capacidad económica actual de la suscrita, misma que se ve afectada por no percibir ingresos actualmente debido a encontrarme con licencia sin goce de sueldo de mi fuente de trabajo, determinó imponerme una Multa por la cantidad de $16,440.00 (DIESCISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), misma que al día de hoy no estoy en condiciones de poder cubrir, por lo que, queda de manifiesto la ilegalidad y lo desproporcionada que resulta ser la multa impuesta a la suscrita, siendo este motivo suficiente para que esta Autoridad Revisora REVOQUE y DEJE SIN EFECTOS la Resolución impugnada.  

SEGUNDO.- Es motivo de causa agravio de imposible reparación la Resolución que hoy se combate, especialmente su Considerando Tercero, en su Apartado 3, en el cual se desestima el Cuarto Agravio hecho valer en el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución JDE/UEFC/JD13/DF/001/2009 dictada por el 13 Consejo Distrital, ya que dicha autoridad electoral al momento de entrar al estudio de la procedencia del agravio formulado, considera que por el hecho de que el Consejo Distrital de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, tiene como marco para actuar al momento de fijar una sanción económica, un máximo de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en esta Ciudad y que la multa impuesta a la suscrita igual a TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO se encuentra dentro de dicho rango, la sanción impuesta a la suscrita no constituye una multa excesiva y en consecuencia procede a confirmar la misma; la autoridad Revisora contraviene la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, toda vez que la sanción económica impuesta no se encuentra debidamente fundamentada ni motivada en cuanto al MONTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA, toda vez que la misma constituye además una violación a lo dispuesto por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto que al momento de realizar la individualización de la sanción administrativa que pretende imponerme la Autoridad Responsable, se actualiza el supuesto de la MULTA EXCESIVA entendida ésta como “…todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario y razonable; este en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que este en desproporción con la capacidad económica del multado…”, es decir, que dicha una sanción de carácter económico impuesta a un infractor, sea desproporcionada con las posibilidades económicas del infractor y a la gravedad de la infracción cometida, tal y como lo sustentan las siguientes Tesis de Jurisprudencia y Aislada:

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.

De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Julio de 1995 Tesis: P./J. 9/95 Página: 5. Tesis de Jurisprudencia.

Novena Época

No. Registro: 202,700

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

III, Abril de 1996

Materia(s): Administrativa

Tesis: IV.3o.8 A

Página: 418

MULTAS EXCESIVAS. (ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL).

El artículo 22 de la Constitución General constriñe a la autoridad con determinadas prohibiciones entre las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose entender por esto, todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario y razonable; esté en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que esté en desproporción con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones es además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen la capacidad económica. Ahora bien, la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, que contraríen la disposición constitucional, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, además para imponer las sanciones que considere justas, dentro de un mínimo y un máximo, por lo que debe concluirse que todas aquellas leyes o preceptos legales que no concedan a las autoridades esas facultades, aunque sea implícitamente, y a menos, claro está, que la multa autorizada sea mínima como las contempladas en el artículo 21 constitucional o sus equivalentes en tratándose de personas morales, violan la garantía contenida en el artículo 22 constitucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 629/95. Fraccionadora Industrial del Norte, S.A. de C.V. 10 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo.

Amparo directo 856/95. Combustibles de Oriente, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.

Amparo directo 691/95. Francisco J. Hinojosa Gutiérrez. 14 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II-Julio, Pleno, tesis 9/95, página 5.

A su vez, para efectos de la imposición de una sanción no basta la simple cita del precepto legal en que se funda, ya que deben determinarse la gravedad de la infracción cometida, debiéndose especificar los hechos que dieron lugar a la misma, así como aquellas circunstancias que rodearon su realización, con la finalidad de poder determinar, sin embargo en el caso que nos ocupa, en primer término el 13 Consejo Distrital se encuentran obligada a exponer las razones que sustentan la gravedad de las conductas denunciadas, y en segundo lugar, el Consejo Local en el distrito Federal del Instituto Federal Electoral al momento de realizar el estudio del Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución JDE/QEFC/JD13/DF/001/2009, tuvo que analizar si fue correcta y apegada al principio de legalidad, la valoración de la conducta por la cual se pretende sancionar a la suscrita, así como el monto de la sanción económica impuesta a la hoy accionante; sin embargo, en el caso que nos ocupa esto no sucede,  porque al momento de sancionar la Autoridad Revisora únicamente se limita a confirmar en sus términos la Resolución dictada por el 13 Consejo Distrital, sin que se me explique el razonamiento de por qué es válida o no, la apreciación hecha por parte de dicho órgano distrital, es decir, nunca entró al estudio de fondo, de si efectivamente se apegan a la lógica y la razón, los planteamientos formulados y la conclusión de que es apegado a derecho imponer la sanción que hoy se combate, además resulta omisa en analizar lo argumentado por la recurrente en el sentido de que en la especie, lo procedente era imponer una amonestación pública como sanción administrativa y no la multa en cuestión, por lo que tanto el 13 Consejo Distrital y el Consejo Local,  de ninguna forma manifiestan las causas inmediatas y circunstancias especiales por las que se llegó a la conclusión, de que una sanción de TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL siendo esta una exigencia legal derivada de la interpretación de las normas jurídicas aplicables al caso:

MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION.

Para la correcta imposición de una sanción no basta la simple cita del precepto legal en que se funda, ya que debe determinarse la gravedad de la infracción y para ello es menester que las autoridades razonen pormenorizadamente las peculiaridades del infractor y de los hechos motivo de la infracción especificando la forma y manera como influyen en su ánimo para detenerla en cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificando así el ejercicio de su arbitrio para la fijación de las sanciones con base en la gravedad de la infracción.

Por último, para efectos de imponer cualquier tipo de sanción de carácter económico a cualquier individuo, es necesario tomar en consideración las condiciones subjetivas y particulares del infractor, en especial su capacidad económica, tal y como lo sustenta la siguiente Tesis:

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.-

La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las "circunstancias" sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de "particularmente grave", así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-13 de julio de 2001.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: Jaime del Río Salcedo.

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 142, Sala Superior, tesis S3EL 041/2001.

En razón de lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto cuando una Autoridad resuelve la imposición y fijación de una multa que no contemple la CIRCUNSTANCIA PARTICULAR ECONÓMICA del infractor sobre quien recaerá dicha sanción, debe de considerarse como una MULTA EXCESIVA, la cual carece de la fundamentación y motivación debida, y en consecuencia resulta contraria a derecho. Por lo que, en el caso que no ocupa, la Resolución que confirma en sus términos la Sanción Económica impuesta por el 13 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, en el Distrito Electoral a la suscrita, se actualiza el supuesto de la MULTA EXCESIVA en una flagrante violación a nuestra Carta Magna, específicamente a los Artículos, 14,16 y 22, lo anterior debido a que si bien, la finalidad de dicha sanción de carácter económico es la de disuadir la reproducción de conductas contrarias a la ley, la misma para ser considerada como legal y constitucional, debe de tomarse en cuenta al momento de su imposición los siguientes aspectos: a) La gravedad de la infracción cometida, b) El monto del negocio y c) La capacidad económica del infractor; sin embargo, la Autoridad Responsable a pesar de contar los elementos necesarios para determinar la capacidad económica actual de la suscrita, misma que se ve afectada por no percibir ingresos actualmente debido a encontrarme con licencia sin goce de sueldo de mi fuente de trabajo, determinó imponerme una Multa por la cantidad de $16,440.00 (DIESCISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), misma que al día de hoy no estoy en condiciones de poder cubrir, por lo que, queda de manifiesto la ilegalidad y lo desproporcionada que resulta ser la multa impuesta a la suscrita, siendo este motivo suficiente para que esta Autoridad Judicial Electoral determine MODIFICAR la Resolución impugnada.